La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un Plan de choque para las infraestructuras judiciales de la región en 2017, con una inversión de 7,05 millones de euros, recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos de la región para este año remitido a la Asamblea, lo que supone multiplicar casi por cuatro la partida de 2016. Los Juzgados de Leganés están incluidos en plan de choque.
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, detalló la primera fase de este Plan, que atenderá las necesidades de las sedes judiciales consideradas más urgentes y que puedan adjudicarse y ejecutarse en un plazo de seis meses. Se prevé acometer más de 100 actuaciones, que beneficiarán a todos los partidos judiciales.
Casi dos millones de inversión
En esta primera fase se van a invertir 1,85 millones de euros, el 100% de las posibilidades presupuestarias que existen con los Presupuestos regionales prorrogados actualmente en vigor. El resto de las inversiones del Plan de choque se podrán acometer un vez se aprueben los Presupuestos de 2017.
En Madrid capital, estas medidas se llevarán a cabo en sedes judiciales como las de Plaza Castilla, la Audiencia Provincial (tanto en la sección Civil como en la Penal), en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil o en los de Violencia sobre la Mujer, entre otras.
Actuaciones en la periferia
En Madrid periferia están previstas actuaciones del Plan de choque en sedes como las de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz o Valdemoro, entre otras.
Garrido ha apuntado que, dentro del segundo eje del Plan de choque, el de la seguridad de las personas, las medidas que se van a adoptar van a estar centradas en los planes de emergencia y autoprotección de las 71 sedes judiciales existentes en la región. En concreto, en la primera fase del Plan se va a tramitar, con carácter de urgencia, la contratación de la elaboración, revisión y actualización de estos planes, para su posterior implantación en todas las sedes.
En una segunda fase, se ejecutarán las obras necesarias para poder aplicar los planes de emergencia y autoprotección, se formará a los equipos vinculados a ellos y se realizarán los simulacros pertinentes.
