-
El gobierno autonómico ha iniciado expedientes para multarles por el contenido del distribuido #ElLibroProhibido
La asociación Hazteoir.org ha hecho pública su intención de declararse “objetora de la ley LGTBI de Madrid que impone adoctrinamiento sexual a los menores”, según han revelado a través de un comunicado. La respuesta de la asociación, que ha confirmado que se niega a pagar la multa, se produce tras recibir una propuesta de sanción de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
El gobierno de Cristina Cifuentes pretende multar a HazteOir.org por haber distribuido a más de 1.709 centros educativos madrileños #ElLibroProhibido que “denuncia como la Comunidad de Madrid vulnera la libertad de los padres a educar”.
“Nos negamos a pagar la multa”
El presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, se ha pronunciado sobre la notificacin de la Comunidad de Madrid en estos términos: “Nos negamos a pagar la multa que esta ley intolerante nos impone. Vamos a presentar alegaciones y, si es necesario, recurriremos al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para tumbar una ley intolerante que sanciona a una asociación legal por difundir gratuitamente una publicación y por expresar libremente sus ideas en un país democrático”.
La publicación editada y distribuida por HazteOir.org lleva por título ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual’ y se envió el pasado mes de noviembre a los directores y AMPAS de 16.000 centros educativos españoles, entre ellos 1.709 centros educativos madrileños, para informarles de cómo las leyes LGTBI “imponen su ideología a los niños”.
Avalados por la Justicia
La campaña informativa de HazteOir.org ha provocado, según indican en dicho comunicado, “la reacción del gobierno autonómico madrileño, que afirma en su notificación que #ElLibroProhibido contiene “expresiones de carácter vejatorio””. En concreto, la Consejería de Políticas Sociales y Familia considera que son ofensivas, según Hazteoir.org, “apelaciones a la “familia universal natural”, “la desorientación de los niños” o el propio término “adoctrinamiento””.
Sin embargo, la Justicia ha avalado en tres ocasiones la legalidad de los mensajes de la asociación, que puso en marcha el famoso autobús naranja para difundir esa publicación, de la que se han repartido por toda España un total de 332.000 ejemplares.