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La administración regional financia con 2,7 millones la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la ampliación en 17 millones de euros del gasto destinado al presupuesto para prestaciones económicas por dependencia en 2018. Este aumento de presupuesto se enmarca dentro del compromiso del Gobierno regional de dejar sin lista de espera, a lo largo de 2019, a todas aquellas familias que hayan solicitado su prestación económica por dependencia y que cumplan los requisitos.
En total, se prevé que más de 39.304 familias tendrán el año que viene una prestación económica por cuidados en el entorno familiar y 26.014 personas una prestación vinculada al servicio (cheque-servicio). Para ello se destinarán 230 millones de euros, 111 más que los que se destinaron al inicio de la Legislatura.
En esta línea, se han incrementado los fondos destinados a la ayuda a domicilio y teleasistencia, con un incremento de casi el 8 % llegando hasta los 77 millones de euros. En total, el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para 2019 alcanza los 1.813 millones de euros, un 4,89 % más que el de este año.
Igualmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la prórroga de dos contratos de gestión y nueve convenios que suponen el mantenimiento de 1.052 plazas residenciales para personas mayores dependientes por un importe que asciende a casi 24 millones de euros.
Integración laboral
La Comunidad de Madrid, además, destinará un total 2,7 millones de euros durante 2018 para fomentar la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, con el objetivo de favorecer su empleabilidad. El presupuesto conjunto ha aumentado en 628.000 euros tras la nueva aportación aprobada hoy por el Consejo de Gobierno.
Las ayudas pretenden afrontar de manera integral la integración laboral de estas personas: desde la detección de los candidatos hasta la participación en itinerarios personalizados de inserción y concluyendo con la incentivación de la contratación en el mercado de trabajo ordinario.
La iniciativa está dirigida concretamente a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción, los jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, drogodependientes, personas internas en un centro penitenciario cuyo régimen les permita acceder a un empleo o refugiados, entre otros colectivos.
De las ayudas se podrán beneficiar las empresas de inserción, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de integración de colectivos vulnerables. También las empresas del mercado ordinario que contraten a los destinatarios de estas subvenciones.
