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La Red de Ayuda Mutua creada por entidades de Leganés durante la pandemia dejará de funcionar en enero de 2021

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  • ‘La Red de Ayuda Mutua’ se creó en abril de 2020 para dar respuesta a la urgencia alimentaria provocada por la pandemia del COVID-19

  • La idea de la creación fue “dar tiempo a que las administraciones, y en primer lugar el ayuntamiento, para que pudieran organizarse para atender a las necesidades de la población”

  • Elaboraron ocho propuestas que presentaron al equipo de gobierno para hacer frente a las ayudas que solicitaba la gente afectada

En abril de 2020 un importante número de entidades ciudadanas se coordinaron para responder a la urgencia alimentaria que la pandemia había provocado. Así se constituyó ‘La Red de Ayuda Mutua’, “con la idea de dar tiempo a que las administraciones, y en primer lugar el ayuntamiento, pudieran organizarse para atender a las necesidades de la población”. Tras ocho meses de trabajo en el que “hicimos llegar al equipo de gobierno ocho propuestas para afrontar la emergencia social”, ‘La Red de Ayuda Mutua’ dejará de proporcionar ayuda alimentaria a partir de enero de 2021.

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Esta red de ayuda proporcionó propuestas para hacer frente a las ayudas que necesitaba la gente para poder sobrellevar la pandemia pero “no solo no se ha puesto en marcha ninguna de estas medidas sino que tenemos la sensación de que el Ayuntamiento, lejos de aprovechar el tiempo para organizar las respuestas necesarias, se ha acomodado a que las entidades ciudadanas cubran un papel que sólo a la administración le corresponde”, han señalado los integrantes de la Red en un comunicado en redes sociales. “Tanto por esta convicción como por el agotamiento de los recursos de que hemos podido disponer gracias a la solidaridad ciudadana, la Red de ayuda mutua dejará de proporcionar ayuda alimentaria a partir de enero de 2021”, han sido sus palabras.

“Margen amplio”

Después de meses proporcionando ayuda a quienes la necesitaban, han entendido que el ayuntamiento ha tenido un “margen amplio” y por ello exigen que se pongan los medios económicos y humanos necesarios para garantizar la atención a la población que actualmente no recibe ningún tipo de ayuda. Por ello, “una vez más queremos dejar constancia de las medidas que entendemos deben ponerse en marcha en Leganés para garantizar los derechos fundamentales de la población:

  1. Reforzar los servicios sociales así como los servicios de información, orientación y apoyo.
  2. Simplificar la documentación que se solicita para acceder a las ayudas de emergencia y otras prestaciones.
  3. Establecer procedimientos que permitan la consecución y recepción urgente de la ayuda. El hambre no puede esperar. La pérdida de la habitación o el piso en que se vive es una situación dramática que es urgente evitar.
  4. Establecer procedimientos inclusivos, que permitan atender a toda la población con independencia de su situación administrativa.
  5. Dar prioridad en el gasto público a la dotación de ayudas y servicios de respuesta directa a la emergencia.
  6. La atención prioritaria a las necesidades alimenticias, de salud y habitacionales debe orientar las gestiones municipales ante otras administraciones.
  7. Optimizar las ayudas que se dan en alimentación y, por ende el gasto público.
  8. El diálogo transparente entre la administración y las entidades ciudadanas”.

“Resultado catastrófico”

En Leganés, la crisis económica provocada por la pandemia está resultando “catastrófica”. Desde la Red han señalado que un número importante de familias se ha quedado sin ingresos y no pueden hacer frente a las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y suministros. Esto agrava la situación de que muchas de estas familias han trabajado sin contrato, y están realquiladas en habitación sin contrato, carecen por tanto de derechos a prestaciones.

Por otro lado, han indicado que la pobreza “afecta fundamentalmente a mujeres solas con menores a su cargo” y que es urgente establecer medidas públicas que protejan a las familias trabajadoras y a los menores, y garanticen la cobertura de sus derechos fundamentales. “Y a este reto deben responder en primer lugar los servicios públicos”.

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