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Mediante una sola llamada al teléfono gratuito 900 205 112 los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos con que cuenta la Administración regional
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Los ocupados podrán recibir ayuda por parte de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, al ser considerados como tales
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Hasta el momento 18 ayuntamientos se ha sumado al CECOM como herramienta de coordinación entre la Administración regional y los consistorios
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio 112 Ocupación que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.
La herramienta se encuentra dentro de la Estrategia regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), cuyo objetivo es proporcionar un marco integrador de las acciones y de las políticas en materia de seguridad impulsadas por la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias autonómicas. Esta Estrategia se desarrolla en una colaboración entre las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con especial hincapié en la Agencia de la Vivienda Social.
4.300 viviendas afectadas
En la actualidad, en la región hay unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema. De hecho, esta plataforma que ya se encuentra en funcionamiento, está integrada operativamente en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) que se encuentra en la sede del 112.
Esta estrategia cuenta con un Protocolo Social de actuación con el que en las Viviendas Sociales de la Comunidad de Madrid no va a suponer un perjuicio para el ocupante habitual ni un beneficio para el usurpador, ya que, porque con las medidas dispuestas se evitan, en primer lugar, situaciones reales de desamparo, y, en segundo lugar, prolongaciones extemporáneas de la ocupación.
Actuación exprés
Una actuación exprés, con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, se realizaría con la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes para prevenir situaciones de exclusión residencial.
Además, marcar el 900 205 112 permitirá a una persona conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de una vivienda y las posibilidades que tienen de defender su legítima propiedad ante los tribunales, así como ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales. También, podrán recibir ayuda por parte de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales.
Ayuntamientos vinculados al CECOM
A día de hoy, 18 ayuntamientos tienen convenio firmado con la Comunidad de Madrid para su participación en el ámbito de la coordinación con el CECOM, a los que hay que sumar otros cuatro que han cedido agentes de sus Policías Locales para desempeñar este servicio.
Por el momento, el Centro de Coordinación Municipal presta servicio de 07:30 a 23:30 horas, con dos operadores en toda la franja y un policía sólo durante la mañana, los siete días de la semana. En breve se añadirá un turno de noche.
Llamada en el día
Si el hecho de la ocupación ilegal tiene lugar en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos del CECOM realizarán un primer análisis de la situación. Como paso inicial, si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales.
Los citados agentes realizarán una calificación jurídica, si bien los expedientes más complejos podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial o las gestiones que pueda realizarse en las OAVD.
