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El Supremo sentenció que este dinero que reciben las administraciones públicas sólo puede dedicarse a mejorar el servicio de prevención y extinción de incendios en beneficio de los ciudadanos, ha recordado el Sindicato
El Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, acaba de presentar una demanda contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por desviar unos 40 millones de euros procedentes de las primas que ha recibido de las aseguradoras (UNESPA) durante los últimos cinco años. En su reclamación administrativa alega que el Gobierno regional estaría infringiendo la ley, pues no estaría destinando este dinero, íntegra y exclusivamente, a inversiones para mejorar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, sino a partidas desconocidas o a otros servicios de emergencias.
En este sentido, el Sindicato ha explicado que todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones…) que cuentan con servicio de bomberos perciben de las aseguradoras un 5% de las pólizas de seguros contra incendios contratadas en el correspondiente ámbito territorial y un 2,5% de las pólizas multirriesgo.
En la demanda, los bomberos de la Comunidad de Madrid han exigido al Gobierno regional que estos fondos, cantidades abonadas por UNESPA y, en su caso, otras aseguradoras, se destinen urgente y exclusivamente a inversiones reales. Sin embargo, según subrayan desde el Sindicato “en los últimos cinco años (2019-2023) en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid el patrón se repite, pues figura para este cometido una partida que, posteriormente, desaparece del programa económico del Cuerpo de Bomberos”.
“Este agujero en la inversión va en detrimento de la calidad del servicio público”
El Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha advertido de que este agujero en la inversión va en detrimento de la calidad del servicio público, que se evidencia en un aumento de los tiempos de respuesta a los ciudadanos, deficiencias en vehículos, infraestructuras, equipos de trabajo y Equipos de Protección Individual.
Además, “este proceder puede llevar en última instancia al desmantelamiento del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con el riesgo de que el servicio público para intervenir en casos de emergencia se privatice o quede directamente en manos de voluntarios sin la suficiente capacitación” han subrayado. Esta ilegalidad no es exclusiva de la Comunidad de Madrid sino que viene sucediendo, cada vez más con frecuencia, en otros territorios como San Sebastián, Vitoria, Cantabria, Oviedo o Gijón, donde los bomberos ya han puesto el asunto en manos de la justicia.
Precisamente el fallo del Tribunal Supremo fue ratificado el pasado 16 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, poniendo fin a un largo proceso judicial iniciado en 2015 y que condenó al consistorio de Gijón a destinar más de 1,5 millones de euros a inversiones reales que reviertan en un servicio más eficaz y seguro para los ciudadanos.
Por todo ello, los bomberos de Madrid se manifestaron ayer, miércoles 20 de diciembre, por las calles del centro de la capital y advierten de que si no reciben respuesta a la reclamación administrativa que acaban de interponer contra el Ejecutivo autonómico, elevarán el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
