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La Comunidad de Madrid refuerza la atención residencial de 795 personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta

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  • El Consejo de Gobierno ha aprobado la celebración de 7 contratos basados en el nuevo Acuerdo Marco impulsado el pasado año

  • Se destinarán 78,4 millones para el mantenimiento de plazas en centros situados en San Blas-Canillejas, Leganés, Getafe, Arroyomolinos, Ciempozuelos y Somosierra

  • El nuevo acuerdo firmado para los próximos cuatro años ha supuesto un aumento en la inversión de un 33% y un crecimiento de 117 plazas públicas

14/06/2026.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado una inversión 78,4 millones de euros para el mantenimiento de 795 plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociados. Se trata de siete contratos basados en el Acuerdo Marco de 2025 y cuya duración se extenderá entre 2026 y 2028.

Estos recursos están ubicados en el distrito de San Blas-Canillejas, en la capital, y en los municipios de Leganés, Getafe, Arroyomolinos, Ciempozuelos y Somosierra. En este tipo de centros especializados se ofrece una asistencia integral, alojamiento, manutención, cuidado y apoyo personal y social, además de actividades rehabilitadoras y de ocio que fomentan el desarrollo de los usuarios y su inclusión social.

El Gobierno regional promovió el pasado año un nuevo Acuerdo Marco para el mantenimiento de 950 plazas residenciales de la red pública, lo que supone un incremento de 117 plazas respecto al anterior, y un presupuesto de más de 223 millones de euros, un 33% más.

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La Comunidad de Madrid cuenta con 14.500 plazas para la asistencia a personas con discapacidad intelectual o física y de más de 7.000 destinadas a aquellas con enfermedad mental grave y duradera, con una inversión anual de más de 426 millones de euros.

Además, el Ejecutivo autonómico ha impulsado la Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad Horizonte 2028, que incluye 316 medidas transversales de todas las consejerías del Gobierno y 4.800 millones de euros.

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