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La sentencia se produce tras denunciar CSIF a Fiscalía un proceso en el que se han visto afectados “familiares de altos cargos de la corporación municipal y de la sección sindical de UGT”
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El procedimiento anulado impide a los trabajadores de empresas públicas u organismos autónomos que no pasaron examen previo convertirse en funcionarios “por la puerta b”
La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha hecho pública hoy una reciente resolución judicial en la que la sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el nombramiento de 20 funcionarios del Centro de Iniciativas de la Formación y el Empleo (CIFE) de Fuenlabrada. Dicha anulación se sustenta en que su acceso a la función pública no cumplió los exigidos requisitos de libre concurrencia, mérito y capacidad.
Desde dicho sindicato han asegurado que se trata de anular “el nombramiento de funcionarios de carrera de familiares de altos cargos de la corporación municipal y de la sección sindical de UGT”. El sindicato interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción ante el proceso de funcionarización de familiares de altos cargos, tanto de la corporación como del sindicato UGT, según han señalado desde CSIF.
Empleados públicos por la ‘puerta b’
Además han indicado que en las bases de aquel procedimiento se impedían la pública concurrencia, “asegurando así una plaza de funcionario a empleados que no habían accedido a la Administración Pública a través de un proceso selectivo regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Añaden que “lo que comúnmente se llama ‘a dedo'”. Dicho proceso estaba a la espera de la resolución judicial pertinente que ha llegado ahora.
El sindicato CSIF ha asegurado en una nota de prensa que “esta sentencia, junto con otras conseguidas por este sindicato, viene a poner en evidencia la política continuista de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y ha sido avalada por los sindicatos de clase representados en este Ayuntamiento”.
Trasposición a Leganés
La sentencia tiene su trasposición a Leganés puesto que el Pleno aprobó la semana pasada el inicio de los trámites para la disolución de la empresa municipal LGMedios. La intención es hacer con sus cuatro trabajadores lo que la sentencia del TSJM ha anulado ahora en Fuelabrada: la funcionarización de los mismos sin haber accedido a sus puestos a través de una oposición con pública concurrencia, mérito y capacidad.
