La Comunidad de Madrid colabora con los ayuntamientos para garantizar los servicios sociales a sus ciudadanos

• El Gobierno regional destina 34,5 millones en 2021 para coordinar la Renta Mínima de Inserción y asegurar el acceso de los mayores a distintas prestaciones y servicios

• Los servicios sociales municipales también han recibido más de 23 millones para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la crisis del COVID-19

La Comunidad de Madrid colabora con los distintos ayuntamientos de la región para garantizar la prestación de los servicios de atención social que reciben sus ciudadanos. Así lo ha destacado el consejero de Políticas sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, durante su visita a uno de los puntos municipales de Servicios Sociales que el Ayuntamiento de Alcobendas pone a disposición de sus vecinos gracias a esta colaboración.

Luengo ha explicado que estas actuaciones se ponen en marcha gracias a convenios entre el Gobierno regional y las entidades locales para desarrollar los servicios de atención social primaria y otros programas dirigidos a ayudar a las personas que más lo necesitan. Así, a lo largo del próximo año la Comunidad de Madrid destinará más de 34,5 millones para prorrogar más de 50 convenios con otros tantos ayuntamientos y mancomunidades, lo que sumado a la aportación municipal (14,5 millones) elevará el total de la inversión por encima de los 49 millones de euros.

La colaboración consiste en coordinar las actuaciones en materia de Renta Mínima de Inserción, promocionar proyectos para la lucha contra la pobreza infantil o facilitar el acceso de las personas más vulnerables a prestaciones y servicios. También se promueve el voluntariado en el ámbito territorial de la entidad local y el fomento de la participación de las organizaciones en las políticas autonómicas relacionadas con su promoción.

23 millones para hacer frente a la pandemia

Además, los distintos ayuntamientos de la región han recibido en los últimos meses más de 23 millones de euros para que sus servicios sociales pudieran hacer frente a situaciones extraordinarias generadas por la crisis del COVID-19. Estos fondos, procedentes del Estado, se han destinado principalmente a la adquisición de material de protección (EPI), personal de refuerzo en los centros, servicio de catering para usuarios de centros de mayores y, también, para atender a personas en situación vulnerable a consecuencia de la pandemia con recursos como alojamientos personas sin hogar, unidades de respuesta social de emergencia y actuaciones de inserción social de la población vulnerable.