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Critica que con la LOSU del Gobierno central se darán créditos por pertenecer a asociaciones estudiantiles y se permitirán paros si lo deciden los alumnos
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“También obliga a aumentar la financiación sin indicar de dónde saldrán los fondos necesarios y provocando desigualdades entre las CCAA”
La Comunidad de Madrid ha rechazado la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del Gobierno central porque “ampara la politización de los campus”. Así lo ha denunciado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, durante su participación en la Conferencia de Política Universitaria.
Ha advertido de las negativas consecuencias que acarreará dar los estudiantes una excesiva participación en decisiones que no tienen capacidad técnica para tratar; rebaja el nivel al conceder créditos por pertenecer a alguna asociación estudiantil o por formar parte de comités de política universitaria; y otorga sobrerrepresentación (25%) a los alumnos en los claustros.
Además, ha añadido, “la LOSU defiende los paros cuando así lo decida el órgano de representación de los estudiantes“.Por el contrario, el texto del Gobierno central elimina el requisito de ser catedrático universitario para optar al cargo de rector, “lo que abre la puerta a una degradación y mayor politización”.
Otro aspecto en el que el consejero madrileño ha hecho hincapié es en la participación del alumnado en la elaboración e implantación de los planes de estudio y las guías docentes, lo que supone “un atentado contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y cualquier tipo de lógica”.
Plan financiero
En cuanto a financiación, Ossorio ha recordado que la LOSU cifra en un 1% del PIB de cada región el presupuesto para las universidades públicas, un aspecto que “suscita serias dudas ya que el documento carece de memoria económica“.
En este sentido, también se ha referido al artículo que señala que se tendrán en cuenta las necesidades singulares de comunidades con lengua cooficial, para criticar que el proyecto de ley evita mencionar al español como lengua común.
