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Esta nueva legislación incluirá también un modelo de financiación plurianual y revisable adecuado a cada uno de estos centros educativos públicos
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“Se les facilitará instrumentos para seguir promoviendo la docencia y la investigación” ha argumentado la Comunidad
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Desde el Ejecutivo han anunciado que también van a duplicar el presupuesto de las becas socioeconómicas, que pasará de 3 a 6 millones de euros
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado hoy que el “reto” al que se enfrenta el Gobierno regional este curso académico 2023/24 es la elaboración de una nueva Ley de Universidades, cuya tramitación para llevarla a la Asamblea de Madrid se prevé para finales de este año. Su objetivo es “defender la libertad, promover la excelencia docente e investigadora y paliar las deficiencias y el lastre de la pésima normativa estatal en esta materia con la LOSU (ley orgánica del sistema universitario)” ha subrayado la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Así lo ha señalado durante su participación en el acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, donde Díaz Ayuso ha explicado que la legislación nacional plantea, “entre otros problemas, un tremendo impacto económico”. Según el cálculo de las propias universidades, un sobrecoste de más de 100 millones de euros; “y eso contando sólo las universidades públicas de la región”. “Sin que el Gobierno de España haya ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite”, ha añadido.
Según ha explicado la presidenta, esta nueva legislación “incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea plurianual y revisable, para transferirles una inversión adecuada y adaptada a sus peculiaridades”, “que invierta en saber y en talento pero que, además, no deje de impulsar la Universidad como motor de innovación y progreso en estrecha relación con su entorno social económico y productivo”. El objetivo es “hacer un sistema más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios” ha señalado Díaz Ayuso.
Según Díaz Ayuso, “lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad” lo que hace la ley nacional es “allanar el camino a la politización de los campus” y, con tal fin, “se elimina el requisito de ser catedrático para poder optar al cargo y se premia con créditos la pertenencia a cualquier asociación”. “Y como muestra de los preocupantes tiempos que vivimos, se erosiona gravemente la imprescindible neutralidad ideológica de los claustros”, ha señalado.
Por otra parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades seguirá “velando por garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores”. Así, según han anunciado desde el Ejecutivo madrileño, “se duplicará la partida destinada a becas socioeconómicas, que pasará de 3 a 6 millones de euros, y se continuará mejorando los procesos de tramitación y ejecución de las de discapacidad”.