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“Le pido que sea responsable, que replantee esa posición y que cumpla la ley”, alega Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
El Gobierno de Leganés rechaza la puesta en marcha de la nueva tasa de residuos que será obligatoria para todos los municipios de España en 2025. El alcalde, Miguel Ángel Recuenco, considera que esta acción vulnera la autonomía del municipio.
Recuenco sostiene que la normativa europea no establece esta tasa, lo que pone en duda su carácter obligatorio. De acuerdo con el alcalde, la implementación de la tasa provocará un “caos administrativo”, dado que cada localidad podría definir distintas gratificaciones. En una entrevista con SER Madrid Sur, afirmó que Leganés no participará en esta acción, ni en 2025, ni en 2026, ni en 2027.
Algunos ciudadanos piensan que la tasa de residuos es imprescindible para optimizar la administración de desechos y promover el reciclaje. Creen que el rechazo del alcalde podría resultar en una escasez de recursos para mantener los servicios de limpieza y administración de desechos en la localidad. Frente a esta circunstancia, el Ayuntamiento de Leganés ha optado por establecer una comisión de investigación. Este equipo se ocupará de valorar la factibilidad de instaurar la tasa de residuos.
Martín ha pedido “menos demagogia y más responsabilidad”
Francisco Martín, representante del Gobierno en Madrid, ha exhortado al alcalde a reevaluar su posición. Martín ha enfatizado la relevancia de acatar la ley, alertando que el rechazo a la implementación de la tasa podría generar “consecuencias”. También contradijo la declaración de Recuenco de que esta tasa constituiría un peso extra para los residentes. De acuerdo con el representante, los ciudadanos ya aportan a este desembolso mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El objetivo de la nueva tasa es proporcionar una mayor transparencia en el sistema de administración de desechos y ha pedido “menos demagogia y más responsabilidad”.
Las observaciones de Martín señalan un enfoque más general hacia el Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid. Cree que el partido ha asumido una actitud de “insumisión selectiva”, con el objetivo de provocar disputas y desviar la atención de su administración. Llamó a los municipios a acatar la legislación no solo en este asunto, sino también en otros temas de importancia, como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
