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El Supremo rechaza la medida de un Juzgado que obligaba a la Consejería a proveer en 24 horas a toda la red sanitaria regional y eleva el requerimiento al Ministerio

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  • El argumento esgrimido es que no precisaba en su escrito contra que actuación de la Administración se dirigía y remite al Ministerio de Sanidad

  • La comunidad no tiene competencias para poner en marcha las medidas ya que carece de competencias tras el Real Decreto 463/2020

El Tribunal Supremo ha rechazado que se dé un ultimátum a Sanidad para proveer de medidas de protección a los sanitarios. El Supremo destaca en su resolución en primer lugar que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) no precisa en su escrito contra qué actuación de la Administración se dirige.

 

En el auto, al que ha tenido acceso LEGANEWS, el Tribual señala que “no es obstáculo, desde el punto de vista de nuestra competencia jurisdiccional que las medidas pretendidas deban requerirse al Ministerio de Sanidad. No lo es porque se sitúan en el marco creado por la declaración del estado de alarma efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y dicho Real Decreto erige al Gobierno en autoridad competente (artículo 4) a los efectos del mismo, sin perjuicio de que el ejercicio de las funciones contempladas en esa disposición pueda delegarse en otras autoridades, entre las que se cuenta el Ministro de Sanidad”.

Medidas previas

Todo había comenzado horas antes cuando el Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid ha acordado hoy admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad, para que en el término de 24 horas provea a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos. En archivo adjunto, se facilita el auto íntegro.

 

Por lo que concluye que “atendida dicha situación de urgencia sanitaria, no cabe duda de que en el caso presente concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las medidas cautelarísimas solicitadas. De una parte, el fumus boni iuris se acredita de modo suficiente porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad. Y de otra parte, la situación de urgencia se acredita por la pandemia derivada del virus COVID-19 que está sufriendo todo el país, y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid, y que requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación”.

Y señalaba también que “la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa o administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad”.

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