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El objetivo, según el ente autonómico, es eliminar trámites urbanísticos para impulsar y reactivar el tejido productivo dañado por el COVID-19
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La media de concesión de una licencia de obras en la región es de 12 meses, lo que supone un coste añadido para el ciudadano, el ayuntamiento que tramita la licencia y el promotor
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Las licencias son sustituidas por declaraciones responsables, que garantizarán que dichas actuaciones cumplen con los requisitos urbanísticos y medioambientales exigidos
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Esta modificación ayudará a atraer inversores extranjeros acostumbrados a trabajar con plazos administrativos más cortos
