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La Comunidad expresa su rechazo a la decisión del Gobierno central de recortar 139,5 millones para formación de los trabajadores

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  • Ante la resolución unilateral de eliminar el reparto de fondos para formación a las comunidades autónomas

  • El Gobierno regional considera que se reducen los derechos de los trabajadores y afecta al mantenimiento del empleo

  • En una carta a la ministra de Trabajo se advierte de que la medida dificulta la cualificación y “perjudica la salida de la crisis”

La Comunidad de Madrid expresó ayer su “más enérgico rechazo a la decisión unilateral del Gobierno central de eliminar el reparto de fondos a las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas de formación durante 2020 y destinar esa cantidad exclusivamente al pago de las prestaciones por desempleo ante la crisis del coronavirus”. La región dejará de percibir 139,5 millones de euros para acciones que cada año mejoraran la cualificación profesional de 95.000 madrileños.

Esta medida, que se comunicó ayer a los representantes de las comunidades en la Conferencia Sectorial de Empleo, “reduce los derechos de los trabajadores y elimina la posibilidad de mejorar su cualificación, impidiendo que se mantenga el empleo”, ha denunciado el Gobierno regional en una carta remitida a la ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, firmada por el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez.

266 millones de asignación

En la mencionada Conferencia Sectorial se ha tratado la distribución de fondos a las comunidades autónomas para desarrollar políticas activas de empleo durante 2020, de los que a la Comunidad de Madrid le correspondían en principio más de 266 millones de euros.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha comunicado que el Gobierno central ha decidido “desafectar” los fondos de formación, que se recauda a través de la cuota de formación que pagan las empresas y los trabajadores, para que puedan ir dirigidos a financiar las nuevas prestaciones derivadas del COVID-19.

Esta medida implica que sólo se distribuya entre las autonomías las cantidades destinadas al fomento del empleo y modernización de servicios públicos de empleo, que en el caso de la Comunidad de Madrid asciende a 135,8 millones.

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