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Los hechos denunciados se refieren a unas certificaciones de facturas emitidas en favor de la empresa que gestiona el centro de La Fortuna sobre una actividad que, presuntamente, nunca se llevo a cabo
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Dichas certificaciones de facturas, presuntamente falsas, permitieron a la empresa ganar un juicio en el año 2015 frente a los trabajadores
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Se certifica un servicio de monitores de raqueta por valor de 800 mil euros durante los años 12,13 y 14
La candidatura de unidad popular de Leganés, Leganemos, ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de los Juzgados de Leganés. En dicha denuncia los representantes legales de la formación revelan, con documentos adjuntos, una certificación de unas facturas, presuntamente inexistentes, que sirvió a la empresa adjudicataria de la gestión del Centro Deportivo La Fortuna para ganar un juicio a los trabajadores hace dos años.
Los hechos se remontan al año 2015 cuando la Federación Regional de Servicios de UGT inició un procedimiento de conflicto colectivo contra la UTE Ferroser-Aossa La Fortuna, como adjudicataria del servicio prestado.
“Certificados falsos”
Desde Leganemos se ha revelado que la empresa entregó como prueba varios certificados (adjuntados en la documentación entregada a Fiscalía) con fecha 30 de junio de 2014 y 20 de febrero de 2015, firmados por el anterior director general de deportes del Ayuntamiento de Leganés durante el gobierno del Partido Popular. Dichas certificaciones se refererían a servicios, presuntamente llevados a cabo, durante 2012, 2013 y 2014; pero dichas facturas, según los denunciantes, nunca fueron pagadas.
En las certificaciones se señala, según la denuncia, “Monitores de actividades de Raqueta, por importe de 159.800,36€ y 164.667,23€”, en el primer documento; y en el segundo “159.800,36€ , 164.667,23€ y 178.773,05€ en el segundo”. Según la denuncia presentada por Leganemos, “dicho servicio no consta en el pliego de condiciones técnicas que ha regir la adjudicación”.
Acusan al Ayuntamiento
Además se añaden certificaciones de facturas de auxiliares de instalación realizando funciones de control y reparación por valor cercano a 350 mil euros. Un servicio que tampoco consta, según la denuncia, en el pliego de condiciones.
Otelo Fuentes ha declarado que “los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito porque hacen referencia a una certificación falsa que se ha utilizado en un juicio”. Según ha señalado “la gravedad en cuestión no es solo la perdida de los trabajadores, desde el momento que perdieron el juicio, sino que es la propia institución la que participa en una falsifación documental que participa en un juicio. Creemos que es la cúspide de la corrupción en su máxima expresión”.
“Falsificaciones para beneficiar a una empresa”
El portavoz de Leganemos, Fran Muñoz, ha señalado que “la pregunta qué ha de hacerse es qué conduce a un director general del Partido Popular a, según pensamos, falsificar un documento público que beneficia a una empresa. No parece que tenga mucho sentido”.
Muñoz ha añadido que “máxime cuando este director general hereda esta empresa que proviene del gobierno del PSOE-IU” – los denunciantes han recordado que la denuncia que el pliego fue firmado por la que fuera concejal de IU y del área de deportes Rosario Peña – . Para Muñoz “estas prácticas nos parecen delicitvas. Lo que hay en esencia en esto, es que el gobierno del PP falsifica un documento para beneficiar a una empresa en un juicio que tenía contra los trabajadores de estas instalaciones”.
Exigen explicaciones al PP
El portavoz de Leganemos ha insistido en que “el gobierno del PP de la anterior legislatura deberá dar explicaciones, pero no solo ellos. Hay que preguntarse por qué ha callado durante todo este tiempo el Partido Socialista, que nos consta que tenían esta información. Esto demuestra que entre el PP y el PSOE hay un acuerdo tácito y están empeñados en taparse las vergüenzas”.
Los hechos denunciados permitieron a la empresa citada ganar un juicio con unas certificaciones de facturas, presuntamente inexistentes, y rebajar los salarios a los trabajadores al darles la razón los Juzgados de lo social en lo relativo al convenio de aplicación. Según Muñoz: “Hay un documento que acredita la facturación que ha hecho esta empresa que es incierto, porque no cuadra con las facturas que se han pagado en el Ayuntamiento. Las actividades de raqueta no las ha desarrollado nunca esta empresa”.
A juicio del portavoz de Leganemos: “Lo que se pretendía en el juicio era demostrar que las actividades de las instalaciones de La Fortuna eran terrestres y no acuáticas. Por eso se inventan actividades que no existían“. Además ha sostenido que “es la punta del iceberg”.
