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Este equipamiento debe garantizar la seguridad de médicos forenses, técnicos auxiliares y de laboratorio
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La sala será independiente del resto de instalaciones del Instituto de Medicina Legal
La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy en su reunión de Consejo de Gobierno la dotación de instalaciones y equipamiento necesarios para la creación de una sala de bioseguridad BLS-3 para realizar autopsias a víctimas de coronavirus en el Instituto de Medicina Legal (IML), que el Ejecutivo regional gestiona en el barrio de Valdebebas.
Los espacios deben garantizar la seguridad de médicos forenses, técnicos auxiliares de autopsia, técnicos de laboratorio y fotógrafos que intervienen en autopsias a cuerpos cuya causa de fallecimiento esté relacionada con Covid-19 o enfermedades similares. Esa misma sala de bioseguridad debe ser independiente completamente del resto de instalaciones del IML para evitar la contaminación de estancias contiguas de esta infraestructura. El importe de la inversión para el equipamiento de esta sala suma ya 609.000 euros, y el plazo de ejecución de la obra es de tres meses.
Nuevo Hospital de emergencias, Isabel Zendal
Con esta decisión se completa la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal que, a partir de otoño, permitirá combatir el COVID-19 a través de la realización de autopsias a fallecidos contagiados por este virus.
Asimismo, la cercanía del IML con el nuevo Hospital de Emergencias que la Comunidad de Madrid está construyendo en una parcela anexa, y que se llamará Isabel Zendal, va a permitir el desarrollo de sinergias que mejoren la capacidad de estudio en el combate al COVID-19.
Suministro de material de protección
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un contrato por importe de 239.000 euros para el suministro de material de protección en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Con estas compras lo que se quiere es que la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas garantice el acceso de medios de protección al personal, al servicio de la Administración de Justicia y, si fuera necesario, a los operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales. La finalidad, evitar en la medida de lo posible nuevos contagios y garantizar la normalización de la actividad judicial.
En concreto, con la aprobación de este contrato se garantiza la compra de mascarillas KN95; mascarillas quirúrgicas y garrafas de gel hidro-alcohólico. Además, el contrato permite la compra de guantes, bolsas protectoras de micrófonos que se emplean en las salas de vistas, mascarillas reutilizables y dispensadores de gel.
