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Los populares aseguran que en mayo de 2015 solo faltaba publicar en el BOE el nuevo concurso
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RECUENCO: “Es una mala praxis de un gobierno que dilapida recursos públicos en lugar de optimizarlos”
El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Leganés ha denunciado la ausencia de pliego de gestión del Complejo Deportivo de La Fortuna. Algo que, según los populares, sucede desde hace “hace dos años, porque en mayo de 2015 cumplía en plazo. En esa fecha debería haber un nuevo pliego y posteriormente un nuevo adjudicatario”. Y, tal y como explican, “estaba hecho pero el PSOE decidió renunciar al procedimiento de licitación”.
El PSOE renunció al pliego
Denuncian desde el PP local que la renuncia se hizo basándose en el art. 155.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que indica que “solo se puede renunciar a un contrato cuando atente contra el interés público y se justifique suficientemente, además no se puede licitar de nuevo dicho pliego”. Sin embargo, los populares denunciar que la Junta de Gobierno se basa para renunciar “solamente en términos políticos y en el nuevo cambio de gobierno surgido después de las elecciones municipales de 2015, razones muy alejadas del interés público”.
Ello ha obligado a ir pagándole durante casi dos años a la empresa que realiza el servicio. A eso se suma, que después de casi dos años “seguimos sin pliego de gestión del Complejo Deportivo de La Fortuna, lo que ha motivado que paguemos sin contrato casi 1’3 millones de euros”. Para los populares se trata de una falta de competencia del gobierno PSOE-IU que hace “que este servicio nos cueste más a los ciudadanos”, y aseguran que “la publicación del pliego de 2015 hubiese supuesto un ahorro económico durante estos dos años”.
Recuenco critica los “privilegios”
Todo ello deriva porque en el pasado Pleno Municipal de este mes ha habido que hacer frente de nuevo a facturas de este centro deportivo. Según el portavoz popular, Miguel Ángel Recuenco, “la incapacidad de gestión del gobierno de izquierdas del PSOE-IU hacen que dilapiden los recursos públicos, porque teniendo la posibilidad de optimizar el dinero con un nuevo contrato prefieren mantener la misma empresa con iguales privilegios”.
El propio Recuenco explicaba a LEGANEWS que se trata de “una mala praxis política que nos hace tener un servicio sin contrato, evitando la competencia y por tanto encareciendo la prestación del servicio”.
