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El Partido Popular de Leganés ha interpuesto dos recursos al respecto de la concesión para la explotación de publicidad mediante la instalación de mobiliario urbano
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El PP pide que se paralice el procedimiento de contratación, se modifique el pliego, se ajuste a los plazos y se respeten los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y pública concurrencia
El portavoz del Partido Popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha anunciado los dos recursos que el partido ha interpuesto, uno al Ayuntamiento de Leganés y otro ante el Tribunal de contratación pública de la Comunidad de Madrid. El motivo de estos dos recursos vienen tras lo que el PP considera “un incumplimiento de la Ley por el Ayuntaniento de Leganés“.
Este incumplimiento sería el del contrato para la explotación de publicidad mediante la instalación de mobiliario urbano, por el periodo de 25 años. “Una auténtica barbaridad de tiempo y con un valor de trece millones de euros”.
Recuenco ha señalado que “consideramos que hay un fraude de Ley y quieren vulnerar la Ley de Contratos del sector público“. Así lo han considerando indicando que lo que el gobierno quiere es “simular que estamos ante un contrato de cesión del dominio público, saltándose la aplicación de la Ley de contratos del sector público, y quieren aplicar la Ley de Dominio público. En realidad estamos ante un contrato de concesión de servicios, tal como recogen las directivas europeas y el tribunal de contratación de diferentes Comunidades Autónomas”.
Cesión y concesión
Una cesión del dominio público podría ser el caso de La Cubierta, del Mercacentro, El Changó o el caso de la ID de Butarque. “El caso que tenemos, a parte de la publicidad privada que pueda haber, también el propio pliego te recoge que hay información pública, es decir, el Ayuntamiento puede publicar”.
Desde ese momento en el que el Ayuntamiento puede publicar, “todos los tribunales de contratación de las Comunidades Autónomas establecen que no estamos ante un contrato de concesión del dominio público sino ante un contrato de concesión de Servicios porque estás prestando también un servicio al Ayuntamiento, desde el punto de vista de la información”.
“Fraude”
Lo que supone es que al prevalecer el interés público frente al interés privado “se está cometiendo el fraude“. En este caso Recuenco ha indicado que el fraude se comete “en vez de un contrato a 25 años, como pretende el Ayuntamiento, solo puede ser un contrato a 5 años“. Además, ha indicado que “se incumplen los principios de eficiencia en el gasto público, la igualdad de trato y no discriminación y la falta de transparencia“.
Con todo ello, el PP ha solicitado con los dos recursos que se paralice el procedimiento de contratación, una nueva redacción y subsanación del pliego para que se ajuste a la Ley, que se ajuste a los plazos que establece la Ley de contratos (5 años y no 25) y se respeten los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y pública concurrencia.
