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Golpe judicial a los Presupuestos en Leganés dos años después

Imagen del Salón de Plenos durante la anterior legislatura cuando se aprobaron los Presupuestos
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La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo  de pleno derecho el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés de fecha 18 de marzo de 2014 que aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio 2014, posteriormente ampliado dicho recurso contra la aprobación definitiva de dicho presupuesto, mediante resolución de fecha 11 de abril del mismo año. El procedimiento se refiere a la decisión tomada por el anterior gobierno (PP) de la ciudad de sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento utilizando la fórmula permitida entonces por la legalidad vigente.

El auto, al que ha tenido acceso LEGANEWS, señala en sus fundamentos de derecho que “habiéndose aprobado el presupuesto para el año 2014 en el mismo año 2014, por el medio excepcional previsto en la descrita DA 16, no se estaba aprobando el del ejercicio inmediato siguiente, por lo que no sería de aplicación la excepcionalidad de que pueda ser aprobado por la Junta de Gobierno Local“, aunque añade también que “aunque haya concurrido el requisito de que el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la aprobación del presupuesto”.

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Los presupuestos fueron aprobados por el gobierno del Partido Popular de la anterior legislatura en Junta de Gobierno

Señala también el auto, ante el escenario que ocurrió en el Pleno que los concejales del gobierno decidieron abstenerse en la votación que “la Sala no puede entrar a analizar cuáles fueron las motivaciones para que los concejales se abstuviesen en el Pleno, pues por pertenecer al mundo arcano de la mente humana, no podemos enjuiciarlas”. Según fuentes del PP “la ausencia en la votación de los concejales de ULEG forzó una mayoría irreal en el salón de Plenos. La abstención del gobierno no fue, como quieren hacer ver, para vulnerar los derechos de participación política, fue para facilitar la regla de gasto y del plan económico financiero necesario para garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento”.

Este recurso fue iniciado por el portavoz socialista Rafael Gómez Montoya, el de ULEG, Carlos Delgado, y el entonces portavoz de IU-Los Verdes, Raúl Calle. Delgado, ha señalado tras conocer la sentencia que “merece la pena ir a los tribunales para defender la Ley y los derechos de los vecinos. Una vez más se demuestra el rigor y la seriedad del trabajo de ULEG, volviendo la Justicia a darnos la razón ante los atropellos del PPSOE”. Además, la formación ha señalado en una nota de prensa que “esta sentencia es un aviso a navegantes para aquellos que se olvidan de su compromiso insobornable con el cumplimiento de la Ley y prefieren adentrarse en el juego político u otro tipo de juegos. Esperemos que tomen nota y dejen de lavarse las manos con, por ejemplo, todas las irregularidades que pasan en la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) y los manejos del PPSOE y su tránsfuga”.

El alcalde Santiago Llorente ha confirmado que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo

Por su parte, conocida la sentencia, el Ayuntamiento de Leganés,  a través del primer edil, Santiago Llorente, ha confirmado que recurrirá la sentencia emitida por el TSJ de Madrid que que anula los presupuestos de 2014, aprobados por el anterior Ejecutivo local en Junta de Gobierno y que obligaría al Ejecutivo local a prorrogar los Presupuestos de 2012, los últimos aprobados en el Pleno Municipal.

Santiago Llorente destaca que los presupuestos de 2012 “no tenían los recursos suficientes para afrontar los gastos de una ciudad como Leganés” por lo que se recurrirá la sentencia dictada por el TSJM. El regidor ha señalado también que ahora lo que prima es “defender los intereses de los leganenses y garantizar la prestación de los servicios municipales para todos los vecinos de esta ciudad, pagar la luz, el agua o las nóminas de los trabajadores municipales” algo que a su juicio con el presupuesto de 2012 “sería inviable”.

El Gobierno local interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para recurrir la sentencia. De no prosperar la situación administrativa del Ayuntamiento de Leganés se volvería de pronto ciertamente compleja dado que habría que retrotraerse al presupuesto de 2012 lo que generaría un problema muy serio de tesorería al actual gobierno.

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