-
Denuncian que eventos como la Cabalgata , Carnavales, o Fiestas patronales serán “organizados y gestionados” por una o varias empresas
-
Esto implicará la no gestión por los técnicos y personal municipal como hasta ahora
04/01/2022. Unión por Leganés ha denunciado que “el gobierno socialista de Leganés prepara una nueva privatización de un servicio municipal”. Han denunciado que lo hará “mediante un contrato de más de un millón de euros para que eventos como la Cabalgata de Reyes Magos, Carnavales, Fiestas de San Juan o Fiestas patronales de Nuestra Señora de Butarque, San Nicasio o San Fortunato”. Fiestas que “organizarán y gestionarán” una o varias empresas y no por los técnicos y personal municipal como hasta hoy en día”.
Desde ULEG afirman que “tras la piscina municipal, la grúa municipal y el laboratorio municipal, ya avisamos que el futuro nos depararía alguna sorpresa más en la destrucción de lo municipal”. Y lo achacan a la falta de mesura y voracidad privatizadora del alcalde Llorente”. El pronóstico se ha centrado en esta ocasión en la Delegación de Mayores, Participación Ciudadana y Festejos.
Avisa
El portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, declara que “esto resulta de facto una privatización de la Delegación de Festejos cuya organización, coordinación y criterios de gestión se realizaba por funcionarios municipales. A partir de ahora, el alcalde Llorente, como buen ‘socialista’, lo deja de nuevo todo en manos de empresas, que luego tampoco controla”.
ULEG denuncia que el PSOE de Leganés lleva “más de tres décadas troceando poco a poco el ayuntamiento y sus servicios públicos para entregárselo a las empresas para que estas hagan negocio con lo público”.
Irregularidad
Desde ULEG también señalan la “grave irregularidad” de la licitación del contrato. Afirman que el importe publicado es inferior a lo que se aprobó en la Junta de Gobierno Local: en el acta del 9 de noviembre y en el propio certificado de aprobación del expediente hay una diferencia de algo más de 55.000 euros, lo que podría acarrear una nulidad del proceso por la contradicción entre lo recogido en pliegos y la plataforma de contratación pública. (1.059.597 euros versus 1.003.937 euros).
