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La funcionaria señala en la circular que “se está utilizando en demasiados casos como un medio elusivo para el incumplimiento de la normativa de contratación”
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La formación vecinal acudirá a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas “porque puede haber responsabilidad penal”
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El gobierno (PSOE-IUCM) asegura que “la funcionaria de habilitación nacional nos avisa de que esto no se puede prorrogar en el tiempo de forma indefinida; y no hay ninguna ilegalidad”
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Existe el caso de una empresa que lleva prestando un servicio desde 2008 sin que haya salido dicho servicio a libre concurrencia
Unión por Leganés ha revelado esta mañana un documento dirigido por un alto funcionario del Ayuntamiento al equipo de gobierno en pleno (alcalde, concejales y directores generales) advirtiéndoles al respecto de un determinado modo de contratación – reconocimiento extrajudicial – del que se señala que “se está utilizando en demasiados casos como un medio elusivo para el incumplimiento de la normativa de contratación”.
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha calificado el hecho como “el más grave de toda la legislatura porque proviene de una funcionaria habilitada nacional del Ayuntamiento de Leganés”. Se trata de un escrito de la Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local remitido el pasado día 5 de este mes a todas las personas con responsabilidad y firma del gobierno PSOE-IUCM de Leganés.
“Reiteradas ilegalidades”
En el asunto referido se habla de “convalidación de créditos (abono de facturas)”. Delgado ha trasladado el documento señalando que “lo que viene a decir es que hay reiteradas ilegalidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Leganés”.
El escrito llega a señalar que “en la mayoría de los casos se trata de una contratación verbal” y añade que se refieren a “nuevas prestaciones o continuación de contratos finalizados para lo que no se ha seguido los procedimientos exigidos en la normativa de contratación”.
Advertencia
Delgado ha revelado que la cantidad de dinero que ha pasado por el Pleno bajo esta fórmula ha sido “tres millones de euros”, a lo que habría que sumar “otros mil decretos firmados por el concejal de hacienda queriendo blanquear una fórmula irregular de contratación”. La funcionaria que ha redactado la circular concluye avisando de “la toma de razón de la advertencia correspondiente”.
Carlos Delgado ha anunciado que acudirá al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía con el documento “porque puede haber responsabilidad penal”. Ha acusado a Javier Márquez de ser el responsable de “la delegación en la que hay más facturas pagadas de esta manera ilegal”.
Y no ha dudado en señalar que “este método permite que no salgan a concurso los contratos, lo que están es blindado a determinadas empresas para que sigan prestando ese servicio, cercenando la libre concurrencia y perjudicando a los servicios públicos”. Por ello entiende que “hay una sombra de corrupción generalizada” y lo ha comparado “salvando las distancias con los Eres de Andalucía”.
Ejemplo
El edil de ULEG, Carlos Aranzana, ha puesto el ejemplo de la empresa que gestiona el cobro de las multas. “Lleva realizando el servicio desde 2008 con su contrato finalizado. Lo ha seguido prestando y estamos en 2018. Ninguna otra empresa ha podido concurrir a esa licitación porque no ha salido. Esas empresas están blindadas. No se cumple el principio de libre concurrencia”.
Respuesta municipal
Desde el gobierno se ha señalado que “no existe ningún tipo de ilegalidad en los procesos de contratación. En el año 2018 cambió la Ley de Contratos del Sector Público y durante unos meses se ha ralentizado la puesta en marcha de nuevos contratos y se han prorrogado los servicios prestados por algunas empresas para no paralizar servicios esenciales para la ciudad como la limpieza viaria, la limpieza de los colegios o el mantenimiento del alumbrado público“.
Además, han indicado que “la ley recoge la posibilidad de que las empresas sigan prestando estos servicios. Esto ha pasado en toda España y afecta a la administración general del Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La legislación habilita la posibilidad de que se sigan prestando los servicios. No hay ningún tipo de irregularidad”.
A juicio del gobierno “la funcionaria de habilitación nacional nos avisa de que esto no se puede prorrogar en el tiempo de forma indefinida y estamos trabajando para que lo antes posible haya nuevos contratos adjudicados. En ningún caso se han parado los trámites de contratación. Se van a licitar todos los servicios que en estos momentos no lo están”.
Sentencia urbanística
El edil de la formación vecinal ha revelado también durante la comparecencia ante los medios que “hay una sentencia firme por la que se condena al Ayuntamiento de Leganés al pago de 10 millones de euros de una operación urbanística por una negligente actuación de Llorente y la directora general de Urbanismo, Laura Oliva”.
