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Confidencial: ‘Comisión Almagro’, de los barros de enero de 2014 en Leganés a los lodos de marzo de 2019

La polémica en torno a la ‘Comisión Almagro’ de Leganés es la evidencia palmaria de que en el Ayuntamiento de nuestra ciudad hay errores de bulto en su funcionamiento. El llamado ‘caso Almagro’ es, por extraño que pueda parecer, la consecuencia del ‘buonismo’ (sin tono de reproche) del anterior alcalde de la ciudad, el popular Jesús Gómez, y la respuesta que se le ocurrió cuando el gobierno de Mariano Rajoy promulgó la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.

Aquel día se desmontó el ‘status quo’ que había existido en los Ayuntamientos en lo relativo a la regulación de sueldos de concejales y cargos de confianza. Con la entrada en vigor de dicha Ley, no podía (ni puede) haber más de 18 concejales liberados (nueve menos que los 27 que tiene el Pleno). Tampoco podía haber más de 27 cargos de confianza elegidos “a dedo” por las diferentes formaciones políticas.

Cisma inmediato

La aplicación inmediata suponía un enorme cisma, tanto en la oposición como en el gobierno. El 23 de enero de 2014, en la sede del grupo municipal popular, el entonces alcalde, Jesús Gómez, ‘paré’ lo que era la solución a semejante cisma: la figura de las dedicaciones parciales.

De haber llevado a cabo la aplicación en sentido estricto el gobierno (algo que la Ley no contemplaba de hecho) hubiese tenido 12 concejales liberados y quedaban seis para los otros 15 ediles con tres grupos políticos: portavoces y portavoces adjuntos. Eso significaba, en ese momento, dejar al PSOE con seis ediles sin liberación; a ULEG, con dos; y a IU, con uno. Y eso, a su vez, significaba pagarles 16.000 euros al año por asistencia a los Plenos. Y ahí nació el “concejal con dedicación parcial”. La Ley se cumplía y a la vez se cumplía también con la oposición.

Pensar “en todos”

Lo del “buonismo” (acepción italiana cuya traducción se acerca mucho a ‘compasión’) de Jesús Gómez era para que tanto “su gente” (aunque luego muchos de ellos le traicionaron) como “los adversarios” siguiesen trabajando en condiciones parecidas a las que habían tenido antes de la entrada en vigor de la Ley.

La fórmula tenía más derivadas: los cargos de confianza. La reducción era importante. Con muchas prisas se convocaron plazas de directores generales, posteriormente tumbada la fórmula por los Tribunales y usada por el actual gobierno PSOE. Se salvaban los rigores de las exigencias legislativas del gobierno de España. Todo sucedió en los primeros meses de 2014.

Pero todo esto tenía un matiz. Se llevo a cabo porque hubo un momento de la negociación, de un gobierno en minoría (12 por 15 de la oposición) en la que sobrevoló la posibilidad de que la oposición dejase al gobierno con solo tres concejales liberados. Suena a disparate, pero las matemáticas eran como eran. El alcalde Gómez intentó que su gobierno siguiese funcionando los 16 meses que faltaban.

Más difícil todavía

17 meses después, el escenario se complicó todavía más. De cuatro partidos en el Salón de Plenos se pasó a seis. Los rigores regales seguían siendo los mismos: 18 concejales con dedicación exclusiva y 27 cargos de confianza, a repartir entre gobierno y oposición. Lo primero que hizo el gobierno de Santiago Llorente fue darle carta de naturaleza  a la forma de nombrar Directores Generales. Ya sentenciado, no firme, con idéntico resultado que su antecesor.

Luego llegó el famoso pacto entre PSOE, PP, Ciudadanos e IU-CM, en el que ULEG, al menos en la apariencia, votó en contra como hizo Leganemos.  De haber mantenido la filosofía de liberaciones de portavoces y portavoces adjuntos, eran 11 los liberados. Quedaban cinco. El resto del gobierno… Y tres más (uno por cada uno de los grupos de seis concejales: Leganemos, Uleg y PP). Y no había más. Pero se lo inventaron.

El ‘problema’ Almagro

Y aquí es donde entra el “problema Almagro”. En el pleno del 2 de julio de 2015 (cuya parte del acta relativa a esta polémica puede leerse íntegra cliqueando aquí) PSOE, PP, C’S e IUCM, es decir 15 concejales, sacan adelante una propuesta en la que aparece recuperada la figura de los “concejales con dedicación parcial”.

Así aparece en el acta. En este caso se habla, sin complejo alguno, de nueve. Los nueve que faltaban para llegar a los 28. Y a esos nueve no se les pone  porcentaje alguno de dedicación, algo que ha sido repetido hasta la saciedad en las últimas semanas. Es más, solo se les pone un requisito: “la dedicación parcial se ejercerá para las tareas relacionadas con el seguimiento de la acción de gobierno”.

Sin condiciones

No se habla de tiempo efectivo de trabajo, ni de horas, ni de espacio… De sueldo sí: 40.000 euros. Aseguran los que estuvieron en la negociación que sí existió un documento de trabajo en el que se habló de un 80% de dedicación, pero no llegó a plasmarse en el acuerdo.

Nueve concejales del Ayuntamiento de Leganés entraban en esa modalidad (tres de PP, tres de ULEG y tres de Leganemos). Pero solo se ha centrado la crítica en Antonio Almagro. Los tres de Leganemos se disolvieron con la ruptura del grupo, de los tres del PP en esta situación jamás se ha hablado nada, y de ULEG solo se habla de Almagro porque es él que está al 100% en otra empresa, algo que ni prohibe el acuerdo de Pleno ni la Ley.

La conclusión es que los responsables de crear el escenario legal y aprobado existente en el Ayuntamiento de Leganés son los mismos que reprochan que alguien haga uso de él. La culpa no será del que se mueve en el marco de la legalidad establecida, como aseguran los informes de los técnicos municipales, será de los que han establecido un marco legal local que permite llevarlo a cabo.

PD: Y por otro lado está el aspecto tan estético como ético. Nadie obligaba al propio edil Almagro a cobrar 40.000€ si ya estaba trabajando en su empresa. Posiblemente ese sea el debate que nadie ha querido plantear. El más duro de soportar en política: el ético.

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