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La Fiscalía apuntó en 2015 que lo denunciado por ULEG el martes no es delito “ni de prevaricación ni de malversación”

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  • Desde la formación independiente se advirtió con acudir a los Tribunales tras una circular de una funcionaria de Leganés dirigida al alcalde, concejales y directores generales

  • La funcionaria se quejaba de un determinado modo de contratación: la fórmula del reconocimiento extrajudicial

  • Pedro Atienza, edil socialista de Hacienda, denunció al PP en 2014 por hacer lo mismo y la Fiscalía decidió archivar la causa en julio de 2015

  • La interventora llegó a declarar ante Fiscalía que “estaba provocado por la lentitud tramitando expedientes y esto por la desorganización interna del Ayuntamiento”

Un Decreto de la Fiscal Jefe de Getafe, fechado el 29 de julio de 2015, ‘echaría por tierra’ el argumento esgrimido el pasado martes por el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, relativo a las presuntas ilegalidades que estaría cometiendo el gobierno de Leganés. Delgado hizo pública una circular de una alta funcionaria del Ayuntamiento, dirigida a alcalde, concejales y directores generales, en el que ‘reprochaba’ la repetición del proceder de un determinado modo de contratación (reconocimientos extrajudiciales de crédito).

LEGANEWS ha tenido acceso a un decreto firmado por la entonces Fiscal de Getafe el 29 de julio de 2015. Dicho decreto fue la respuesta a las denuncias presentadas por el edil socialista Pedro Atienza, entonces en la oposición y hoy concejal de Hacienda del consistorio leganense.

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Denuncia del PSOE al PP

La denuncia presentaba por Atienza a principios del 2014 daba cuenta de unas “presuntas irregularidades del gobierno popular (11-15) en 2013 y 2014. Dichas irregularidades se referían, al igual que lo hizo Delgado el martes, a “52 expedientes de reconocimientos extrajudiciales y expedientes de convalidación de deuda”.

En el escrito de la Fiscal Jefe se hace mención a las “reiteradas advertencias de la Interventora del Ayuntamiento” y en el repetido calificativo de “procedimiento irregular”. Llegó a prestar declaración el denunciante haciendo mención a un contrato de medio ambiente “cuyo servicio se ha venido realzando por la misma empresa, con el contrato finalizado, y los pagos se han hecho por el sistema de convalidación”.

Declaración de la interventora

Señala el decreto de la Fiscal Jefe que tomó declaración a la Interventora del Ayuntamiento de Leganés. En el mismo se apunta que dicha Interventora declaró que “es una práctica habitual en todos los Ayuntamientos y con cobertura legal”. Además añadió que en el periodo denunciado por Atienza (año 2013 y principios 14) existió “un numero excesivo y anormal de expedientes de convalidación provocados por la lentitud en la tramitación de expedientes de contratación; lentitud, a su vez, provocada por la propia estructura y desorganización interna del Ayuntamiento”.

La Fiscal, visto los hechos y escuchadas las declaraciones, considera que “los hechos denunciados no constituyen ilícito penal alguno y que irregularidades en el modo convenir las diversas prestaciones de servicios y el modo de “adjudicarlas” (una vez prestado el servicio correspondiente y mediante la aprobación del gasto por un mecanismo legalmente previsto), no constituye delito de prevaricación”.

Añade además que “tampoco se estima cometido un delito de malversación de caudales, dado que no hay ningún elemento que determine que el servicio, la obra o el suministro abonado mediante el mecanismo de convalidación de créditos no se haya prestado”.

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