María Dolores Montoro de Francisco es médico de atención Primaria y persona en permanente evolución, reúne vocaciones e intereses que van de la medicina clínica a la física teórica y la criminología, pasando por el peritaje médico y la medicina forense.
Cuando un menor extranjero llega solo a nuestras costas, el Estado debe protegerlo de inmediato: alojamiento seguro, atención sanitaria, escolarización, intérprete y representación legal. Pero proteger provisionalmente a un niño no equivale a dar por explicada su historia.
Me preocupa que su inclusión automática en un circuito de tutela construya varias presunciones: que emprendió voluntariamente el viaje, que sus padres lo consintieron y que su presencia aquí responde simplemente a una decisión migratoria familiar. Puede ser así. Pero también puede haber sido engañado, sustraído o entregado por unos padres a quienes prometieron educación, trabajo o seguridad para su hijo. Puede repetir un relato aprendido, temer represalias o haber pasado de unas manos a otras dentro de una red de tráfico de seres humanos.
El origen no puede diferenciar
La pobreza y el origen africano no hacen estos delitos menos posibles; pueden hacerlos más invisibles. Imaginemos que aparece solo en una playa española un niño noruego de doce años. Nadie concluiría que ha decidido emigrar. Se buscaría desesperadamente a sus padres, se revisarían denuncias por desaparición y se movilizaría la cooperación internacional. Se investigarían sus acompañantes, su recorrido y cualquier indicio de sustracción o explotación. Su relato sería escuchado con respeto, pero no bastaría para descartar un delito.
¿Por qué no provoca la misma reacción un niño senegalés?
Hemos normalizado que determinadas familias pierdan a sus hijos. Consideramos intolerable la desaparición de un menor europeo, pero aceptamos la de uno africano como parte previsible de la inmigración. Así introducimos en el sistema de protección la desigualdad que afirmamos combatir.
Un niño senegalés encontrado solo en una playa merece la misma alarma, la misma búsqueda de sus padres y la misma investigación que un niño noruego
‘Menor extranjero no acompañado’ describe una situación administrativa; no explica una vida. Antes que extranjero, inmigrante o tutelado, es un niño concreto, con identidad, familia y un itinerario que debe reconstruirse. La tutela ha de convivir con una investigación especializada: identificarlo con garantías, localizar a su familia, averiguar quién organizó y pagó el viaje e investigar la intervención de redes delictivas.
Las dudas
Todo ello con intérpretes competentes y profesionales formados en infancia, trauma y trata, sin interrogarlo como sospechoso. Buscar a sus padres debe ser una obligación activa y urgente, no una formalidad secundaria. Quizá haya una familia angustiada que ignore dónde está su hijo; quizá fue engañada o amenazada. Su pobreza o lejanía no reduce su derecho a ser localizada. Encontrarla, sin embargo, no significa devolver automáticamente al menor. Habrá que verificar identidades, responsabilidades y riesgos, y decidir si la reunificación responde a su interés superior.
Tampoco puede recaer todo sobre el país cuya costa alcanzó. El Estado de origen debe colaborar en la identificación, la búsqueda familiar y la investigación de la salida. Cada Estado de tránsito debe ayudar a reconstruir el itinerario, conservar pruebas e identificar intermediarios. El Estado receptor debe proteger e investigar. Todos han de compartir información, responsabilidades y gastos.
El viaje de un niño a través de varias fronteras constituye una cadena internacional de posibles delitos y omisiones, no un problema que nace al pisar la última playa.
Lo que falta
Existen tratados sobre infancia y trata, pero falta un procedimiento común, inmediato y operativo: comunicación obligatoria entre países, expediente trazable, búsqueda familiar urgente, investigación coordinada, financiación compartida y evaluación independiente de cualquier reunificación.
‘Menor extranjero no acompañado’ describe una situación administrativa; no explica una vida. Antes que extranjero, inmigrante o tutelado, es un niño concreto, con identidad, familia y un itinerario que debe reconstruirse
Los Estados negocian acuerdos comerciales extraordinariamente complejos, llenos de cláusulas sobre mercancías, aranceles e inversiones. Resulta lamentable que no sean capaces de acordar con el mismo rigor cómo proteger a un niño, seguir su rastro y exigir resonsabilidades por lo ocurrido.
Protección e investigación no son alternativas. La tutela debe amparar al menor mientras se esclarece quién es, cómo llegó y quién pudo beneficiarse de su viaje; nunca sustituir esas preguntas.
Un niño senegalés encontrado solo en una playa merece la misma alarma, la misma búsqueda de sus padres y la misma investigación que un niño noruego. La igualdad consiste en no aceptar como normal para los hijos de los pobres aquello que consideraríamos una tragedia intolerable para los nuestros. Porque un niño solo en una playa no es, ante todo, un inmigrante. Es un niño perdido. Y averiguar por qué es una responsabilidad internacional.
