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Leganés vuelve a ser objetivo del Canal de Isabel II para incorporarlo al accionariado

  • Nuestra ciudad entra en el Plan Estratégico 2018-2030 en el que se refuerza el carácter 100% público de la entidad

Canal de Isabel II presenta hoy, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, su nuevo Plan Estratégico 2018-2030 con el que reforzará su carácter 100 % público, centrado en prestar un servicio excelente a los madrileños y en situar a la compañía a la vanguardia de la gestión del agua. En este sentido, la empresa se ha marcado como objetivo incorporar a todos los ayuntamientos madrileños en su capital social. Hasta el momento, son 111 los municipios que forman parte del accionariado de Canal, de los 179 de la región.

Asimismo, la empresa va a congelar sus tarifas domésticas, industriales y comerciales hasta 2019 y va a extender la tarifa social a las viviendas sociales y pisos tutelados que gestionan instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro. Esta medida beneficiará a los cerca de 500 pisos o viviendas tutelados de la región.

1.500 millones de euros de inversión

El Plan, que cuenta 10 grandes líneas estratégicas y cuya inversión prevista para su primer horizonte (2018-2022) asciende a más de 1.500 millones de euros, ha sido detallado esta mañana en un desayuno informativo por el presidente de Canal de Isabel II, Ángel Garrido, y por el director general de la empresa, Rafael Prieto. “Se trata de un Plan con el que sentamos las bases para hacer de Canal de Isabel II un modelo de gestión, eficiencia y transparencia, de forma que esta empresa siga siendo una seña de referencia dentro y fuera de España y de la que se sientan orgullosos todos los madrileños”, ha subrayado Garrido.

En la elaboración del documento se ha empleado un año y la empresa pública ha querido contar con la participación de distintos interlocutores que se relacionan a diario con ella, como trabajadores, clientes, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o colectivos ecologistas.

Pilares Básicos

Los tres pilares básicos sobre los que asienta el Plan Estratégico son reforzar el carácter 100 % público de Canal de Isabel II, centrando su marco de actuación geográfica en el territorio de la Comunidad de Madrid e impulsando al más alto nivel la transparencia y el buen gobierno. A ello se suma, completar la integración municipal, atrayendo al modelo de gestión integral a aquellos municipios de la Comunidad de Madrid que aún no lo conforman y mejorando el modelo de relación con todos los municipios.

Y, por último, ser la empresa líder y de referencia en el ciclo integral del agua, impulsando la excelencia, la innovación y el talento de sus profesionales y centrando su crecimiento en la cadena de valor del ciclo integral del agua de la Comunidad de Madrid. Fuera de ella, pondrá en valor su conocimiento únicamente a través de la asistencia técnica en consultoría e ingeniería del agua.

Cinco retos claves

Por otra parte, el Plan tiene como objetivo afrontar cinco retos claves para el sector del agua, como son mantener unas tarifas justas y asequibles como servicio público; afrontar las consecuencias del crecimiento de la población y del cambio climático; incorporar las nuevas regulaciones y las nuevas tecnologías; incrementar la satisfacción de clientes y usuarios y desarrollar las competencias
y la gestión del talento de sus profesionales.

Entre las actuaciones previstas en el Plan destacan el Plan Sanea de modernización de las redes de alcantarillado; el Plan Red para la estandarización de materiales en su red de distribución; la instalación de un parque de contadores inteligentes, dentro del llamado Plan Smart Region; la puesta en marcha de un Centro de Estudios para formar a los futuros profesionales del sector del agua; la reducción en un 25 % del volumen de agua derivada para consumo en 2030; alcanzar el 100 % de autoconsumo mediante energías renovables en 2030; y la creación de un Observatorio del Agua.

Nuevos consejeros y desinversiones

En la reunión de esta tarde de la Junta Extraordinaria de Accionistas también se votará el acuerdo del Consejo de Administración para el inicio del procedimiento de desinversión en Latinoamérica. Para ello, la empresa pública contratará un asesor financiero y un asesor legal que tengan experiencia acreditada en procesos de venta de esta naturaleza y que actúen como asesores en todo el proceso.

 

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