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Nueva sentencia contra la alcaldía de Leganés por vulneración derechos fundamentales de ULEG

  • ULEG exige la dimisión del alcalde y pide a la ejecutiva nacional del PSOE que “tome cartas en el asunto”

  • Anuncia desde la formación vecinal “el uso de la vía penal para que Llorente sea condenado e inhabilitado como cargo público”

El Ayuntamiento de Leganés, en concreto la actuación derivada de dos decretos del alcalde, ha sido condenado de nuevo “por vulneración del derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española”. El fallo se produce al estimar una recurso presentado por el portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, en relación a la solicitud de una informacion requerida el 19 de febrero y el 2 de marzo del presente año.

El citado artículo de la Carta Magna es el que hace referencia al derecho que tienen los ciudadanos “a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Dos meses después de la anterior

La sentencia, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid, de 14 folios, a la que ha tenido acceso LEGANEWS, llega dos meses después de haberse conocido otra sentencia en el mismo sentido. Los hechos juzgados se refieren a la denegación “repetidamente” de información por parte del gobierno PSOE-IUCM al portavoz de ULEG a través de los citados de decretos del alcalde.

La información solicitada era relativa a “requerimientos, escritos, peticiones, escritos, etc. realizados por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Madrid desde junio de 2017 hasta la actualidad, relacionados con la permuta de terrenos a la mercantil Portfolio o Festival Park y con los gastos de alcaldía con la tarjeta crédito/débito municipal a nombre del señor Llorente”.

Duras explicaciones de la magistrada

La magistrada entiende que “se acotaba perfectamente el objeto de la petición de información”. Además añade que “el edil que pretende el acceso a la información no tienen porque justificar la razón de la petición (sino precisar el objeto de la petición)”. Explicando además que “no parece que lo que se reclama por el recurrente resulte ajeno a su función como concejal que está ejerciendo una labor constitucionalmente protegida como es la de controlar a un gobierno”.

Y detalla que “en este caso, conocer que actuaciones están llevado a cabo determinados organismos como la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas en unos específicos asuntos municipales por los que desde tales organismos se ha requerido al Ayuntamiento demandado diversa documentación”.

Llega a calificar la magistrada de “inadecuada motivación la ofrecida por el Consistorio”, y recuerda que “no procedería analizar los reparos o dudas que se indican en la contestación a la demanda, pues no es la argumentación ofrecida por el Consistorio en el ejercicio de sus potestades”.

Incluso, la sentencia indica que “no puede equipararse el acceso a la información y documentación a que tienen derechos los concejales con el derecho a la información de los medios de comunicación social“. Añade que “la negativa del Ayuntamiento resulta más gravosa para el derecho fundamental del recurrente que para la libertada de información consagrada en el artículo 20 de la Constitución”.

Valoración

La reacción en la formación independiente se ha exigido la dimisión del alcalde Santiago Llorente (PSOE) y han pedido que la ejecutiva nacional de los socialistas tome cartas en el asunto. Además, ULEG ha adelantado que “ante la reiteración y el nulo propósito de enmienda del gobierno socialista (ya reprobado recientemente por el Pleno por ello y con aprobación por la cámara municipal del cese del alcalde) empezará “a usar la vía penal para frenar con la inhabilitación al primer edil”.

Desde la formación vecinal han señalado que este nueva sentencia “exige una respuesta firme, contundente e inmediata de la sociedad leganense y del PSOE nacional. No se puede normalizar un comportamiento tan deleznable, opaco y antidemocrático. Damos por descontado  que el alcalde dimitirá o será obligado a dimitir si queda alguien honrado, coherente y con principios en quienes ahora rigen los destinos del gobierno de la nación”.

Por última, han indicado que “vamos a iniciar las acciones penales correspondientes para que el señor Llorente y quienes le acompañan en este pisoteo diario de los derechos constitucionales que un día juró respetar tenga el fruto que se merece: la condena y la inhabilitación como cargo público”.

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