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Dura sentencia contra el gobierno de Leganés por vulnerar el derecho a la información de los concejales de ULEG

  • El TSJM considera que “se ha vulnerado el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución”

  • El auto, al que ha tenido acceso LEGANEWS, no tiene en cuenta “las explicaciones contenidas en el informe del Director General de Sostenibilidad no solo porque no aparecen respaldadas por prueba alguna”

La Sección segunda de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, contra el Ayuntamiento entendiendo que se ha “vulnerado el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución”.

En el fallo, al que ha tenido acceso LEGANEWS,  se recuerdan unos hechos que se remontan a un contencioso iniciado por la formación independiente por el silencio de la administración relativo a solicitudes hechas en diversas fechas (28/09/16, 16/11/16, 07/02/17, 16/03/17 y 27/03/17) de acceso y documentación de un expediente para la rehabilitación del Polígono San José de Valderás.

Críticas a la actitud del gobierno

En los fundamentos de derecho del auto se critica con relativa dureza la actitud del gobierno de la ciudad en estos seis casos. Así, los magistrados indican que “en ninguna de las seis solicitudes de información del concejal recurrente mereció respuesta alguna por parte del Sr. Alcalde, lo que supone clara y patente vulneración del artículo 77 de la Ley de Bases”.

Desmonta también la sala el argumento del problema informático señalado desde el Ayuntamiento. Señala que “Que no existe prueba alguna ‘objetiva’ y ‘técnica’ que avale o respalde la alegación de la Administración demandada de que existía un problema informático que impedía el acceso a la información requerida (se supone que no solo por parte del concejal sino también de todos los funcionarios del Ayuntamiento)”.

Versión del director general, desmontada

Cargan contra la versión ofrecida por el Director General de Sostenibilidad indicando que “La Sala no tiene en cuenta las explicaciones contenidas en el informe del Director General de Sostenibilidad no solo porque no aparecen respaldadas por prueba alguna sino también porque, como dice la representación procesal del apelante, “es irracional, ilógico y no se sostiene de ninguna manera que un supuesto problema informático en un ayuntamiento de 190.000 habitantes, más de 150 millones de presupuesto y 1500 trabajadores tenga paralizado un expediente 8 meses”.

Versión en papel

Por último, la sala le recuerda al Ayuntamiento que nada dijo “sobre la posibilidad de acceso al expediente en papel. Si se empezó a cargar informáticamente el expediente el 21 de febrero de 20017, es obvio que con anterioridad a dicha fecha nada impedía el acceso a la información. Y con posterioridad a dicha fecha, dado que nada se ha dicho sobre la eventual destrucción del expediente en papel, habrá de concluirse que no existía obstáculo “justificable” alguno que impidiese su acceso”.

Además,  la sala  entiende que “no se observa abuso alguno en la solicitud de información” y que el que “se se hubiese posibilitado el acceso a la información en fecha 8 de mayo de 2017, ya iniciado el recurso contencioso, resulta irrelevante pues la fecha que se debe tener en cuenta a efectos de determinar si hubo o no vulneración del derecho fundamental invocado es la de interposición del recurso y es evidente que, a dicha fecha, el Ayuntamiento de Leganés había vulnerado y lesionado el derecho fundamental del recurrente a la participación política recogido en el artículo 23 CE”.

 

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